Mientras continúan las labores de rescate y recuperación tras los terremotos del 24 de junio en el estado Vargas, un análisis independiente cuestiona fuertemente las cifras oficiales sobre la magnitud de la población expuesta en las zonas más devastadas, denunciando lo que califica como una “mentira oficial” que minimizaría el impacto real de la catástrofe.
El profesor Robert Rodríguez, docente en Ciencias Sociales del IPC Caracas, mención Geografía; MSc en Geografía Física y doctor en Educación, presentó un duro informe en el que cuestiona las cifras oficiales sobre la magnitud de la población expuesta en las zonas más devastadas por los terremotos del 24 de junio en el estado La Guaira.
Rodríguez califica como “la peor catástrofe” que enfrenta hoy Venezuela la instauración de la mentira como “verdad oficial”, y critica la estimación gubernamental que habría señalado que en la zona afectada podrían encontrarse apenas alrededor de 30.000 personas.
En su documento, presentado como un “ejercicio de honestidad científica y compromiso ciudadano”, el investigador pone a disposición de la opinión pública un análisis basado en datos del Registro Electoral Permanente (REP) del Consejo Nacional Electoral de mayo de 2024:
El municipio Vargas está conformado por 11 parroquias, de las cuales al menos ocho resultaron gravemente afectadas: Caraballeda, Carayaca, Catia La Mar, El Junko, La Guaira, Macuto, Maiquetía y Naiguatá. En estas ocho parroquias se encontraban inscritas 223.610 personas mayores de 18 años. Sumando un estimado conservador del 35% correspondiente a la población menor de 18 años, el total aproximado de habitantes alcanzaría los 301.874. “Si se limita el análisis al núcleo de mayor afectación (parroquias Caraballeda, Catia La Mar, La Guaira, Maiquetía, Macuto, Carayaca y Naiguatá), el registro electoral muestra 213.751 adultos, lo que elevaría la población estimada en el epicentro a 288.564 personas”, agrega el docente.
El profesor Rodríguez enfatiza que la tragedia ocurrió en un día festivo por la tarde, cuando la mayoría de familias (incluidos niños) se encontraban en sus viviendas o realizando actividades recreativas, y que la zona suele recibir un importante flujo de turistas y residentes ocasionales, factores que incrementarían significativamente la población presente al momento del desastre.
Además, advierte sobre la alta probabilidad de que numerosas familias hayan perecido en su totalidad —como ocurrió en la tragedia de Vargas de 1999—, lo que dificulta el registro de desaparecidos, sumado a los protocolos caóticos e improvisados de rescate e identificación en las primeras horas.
“Resulta éticamente reprobable y científicamente irresponsable que la narrativa oficial haya omitido estas consideraciones fundamentales antes de difundir cifras tan poco creíbles”, afirma Rodríguez.
Según su criterio, esta conducta no solo genera mayor indignación y desconfianza, sino que profundiza la fractura entre el Estado y la sociedad. El informe concluye que admitir las limitaciones en la respuesta ante la magnitud de la tragedia sería un acto de responsabilidad estatal indispensable, mientras que negar u ocultar la verdad resulta “extremadamente peligroso”.
Hasta la fecha, las cifras oficiales reportan más de 3.000 fallecidos y miles de heridos por los sismos, aunque persisten denuncias sobre desaparecidos y la dificultad para establecer un balance definitivo debido a la magnitud de los daños. El análisis del profesor Robert Rodríguez se suma al debate sobre la transparencia en el manejo de información durante esta emergencia, que ya es considerada una de las mayores tragedias que ha golpeado a la región de La Guaira en las últimas décadas.
Caracas / Efecto Cocuyo