El informe anual de Provea, presentado a finales de la semana pasada, confirma la profunda crisis de derechos humanos que atraviesa Venezuela. La organización destaca un aumento significativo en la violencia policial, la tortura y la desaparición forzada, así como el deterioro de los servicios públicos como la salud y la educación.
En entrevista en NocheD, Óscar Murillo, coordinador general de Provea, señala que «la represión 2024 es la mayor tanto en número como también desde el punto de vista cualitativo de los últimos ciclos de protesta de la Venezuela contemporánea». Murillo también destacó la «extinción del estado de derecho» en Venezuela.
El informe de Provea, que abarca el año 2024, revela que 522 personas fueron asesinadas a manos de cuerpos policiales, una cifra que, aunque ligeramente menor que en años anteriores, refleja la falta de control y transparencia en las actuaciones del Estado. «Prácticamente una buena parte de los componentes policiales del país, tanto nacionales como estatales y municipales, están en manos de militares en ejercicio o militares retirados, lo cual no garantiza precisamente el espíritu y la razón de lo que fue la reforma policial», afirma Murillo.
El informe también destaca la falta de independencia del poder judicial, que no investiga de manera independiente los casos de violencia policial, y la impunidad que prevalece en estos casos. «No tenemos instituciones del Estado realmente independientes, no tenemos una Defensoría del Pueblo que actúe por cuenta propia y tampoco tenemos un Ministerio Público, una Fiscalía General de la República que pueda velar por el procedimiento y la transparencia de estos procedimientos», denuncia Murillo.
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