Rafael Vega concluye 11 años al frente de la Defensoría del Pueblo en Anzoátegui con una gestión de marcado perfil humano e imparcial

Barcelona, agosto de 2026 — El ingeniero Rafael Vega Mora concluyó oficialmente su ciclo de 11 años al frente de la Defensoría del Pueblo en el estado Anzoátegui (2015-2026). Con su salida, deja una sólida trayectoria institucional caracterizada por una gestión estrictamente enfocada en el servicio humano y ciudadano, sin distinciones ni inclinaciones políticas, lo que consolidó a la institución como un espacio de justicia imparcial para toda la región oriental.

​Durante más de una década, Vega logró transformar la Defensoría Delegada en un referente clave de mediación, diálogo y resolución pacífica de conflictos.

​Hitos de expansión y cercanía ciudadana

​Bajo su administración, la institución experimentó un crecimiento sin precedentes para acercar el organismo a las comunidades:

​Vocación de servicio plural: Garantizó una atención abierta y sin sesgos políticos, priorizando siempre la dignidad humana y los derechos de cada ciudadano por encima de cualquier parcialidad.

​Fortalecimiento logístico: Modernización de las oficinas principales en Barcelona y El Tigre.​ Creación de nuevas sedes en Anaco y Puerto Píritu, garantizando cobertura directa en las zonas centro y oeste del estado.

​Balance institucional: Cifras que marcan pauta

El impacto de su gestión se refleja en indicadores clave de atención ciudadana y resolución de conflictos en el estado:

Alta capacidad de respuesta: Durante el trienio 2023-2025, la sede de Barcelona procesó un promedio superior a 2.800 casos anuales, mientras que el consolidado estatal superó los 4.800 trámites por año, ubicando a Anzoátegui entre las regiones más eficientes del país en la materia.​

Derechos humanos y justicia: Se priorizó el combate al retardo procesal en centros de detención preventiva, logrando la agilización de procesos legales y beneficiando a cientos de privados de libertad.​

Atención a sectores vulnerables: Intervención activa y mediación efectiva en casos de conflictos laborales y vecinales, protección de niños, niñas y adolescentes, prevención de la violencia contra la mujer, y asistencia a comunidades indígenas y adultos mayores.